El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor), Eddy Alcántara, aseguró que no abrirán los negocios que fueron clausurados por vender bebidas alcohólicas adulteradas, puesto que por esta práctica ilícita y criminal murieron cientos de dominicanos.
Alcántara indicó que uno de los éxitos que ha tenido el gobierno en la lucha en contra del alcohol falsificado, es el hecho de que no se le ha permitido a los comercios que fueron sorprendidos flagrantemente realizar nuevamente sus operaciones.
Recordó que en la provincia Duarte se desmantelaron varias fábricas clandestinas y se clausuraron negocios por la comercialización de este tipo de bebidas, por lo que dijo no permitirá “bajo ninguna instancia que se reabra ningún negocio que atente contra la vida y la salud de los ciudadanos”.
El titular de la entidad defensora de derechos de los consumidores, quien ofreció una charla en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macoris sobre las acciones que ha implementado Proconsumidor para enfrentar este y otros flagelos.
Manifestó que algunos dueños de estos comercios de manera personal o por intermediación han solicitado a esa institución la reapertura de los mismos, “y se le ha negado hasta que el Ministerio Público termine el proceso de investigación”.
Señaló, además, que la lucha en esta provincia ha continuado desde el momento en que se detectó el primer caso sospechoso y que se inició el proceso de sanción y se ha extendido los operativos de inspección en todo el territorio nacional.
“Continuaremos con los operativos hasta erradicar de manera definitiva ese flagelo”, aseveró.
Señaló que de acuerdo a investigaciones, esta práctica venía desde mucho tiempo atrás y en antiguas gestiones nunca se preocupaban por enfrentar con responsabilidad ese flagelo.
“No autorizaremos la reapertura de ninguno de los comercios clausurados por comercialización de bebidas alcohólicas adulterada”, recalcó.
Eddy Alcántara sostuvo en ese orden, que se tiene que esperar la investigación que realice el Ministerio Público sobre cada uno de los casos en particular.
Explicó que Proconsumidor tan pronto ordena la clausura de un establecimiento y aplica las medidas sancionadoras, transmite de inmediato el expediente al órgano persecutor para que realice el proceso y sometimiento a la justicia en procura de una sanción ejemplar.
Manifestó, además, que esa institución ha enviado al Ministerio Público decenas de casos esperando que los responsables de la comercialización de esos productos sean severamente sancionados.
“Estos dueños de negocios que por esta práctica ilícita le han arrancado la vida a centenares de dominicanos, no pueden recibir benevolencia ni complacencia de parte de las autoridades que combaten ese flagelo”, indicó finalmente.
