La agencia contra el lavado de dinero de México anunció el jueves que acusó al expresidente Enrique Peña Nieto de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilegales. Es tal vez una señal de que el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo su promesa de combatir la corrupción.
Esta sería la primera acusación legal formal contra Peña Nieto, a pesar de una lluvia de denuncias de corrupción durante su gobierno de 2012-2018. López Obrador hizo de la lucha contra la corrupción el asunto principal de su gobierno, pero no había actuado contra ninguno de sus predecesores.
La denuncia penal presentada contra Peña Nieto por la Unidad de Inteligencia Financiera no significa que los fiscales hayan decidido presentar cargos formales, pero el jefe de la unidad, Pablo Gómez, dijo que los fiscales federales recibieron la denuncia por uso de fondos ilícitos y que están investigando.
Gómez aseguró el jueves que dos empresas dirigidas por la familia de Peña Nieto recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente. No mencionó el nombre de las empresas, pero dijo que eran una especie de distribuidora, y que el expresidente era accionista.
Gómez agregó que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un pariente, aparentemente vinculado a las dos compañías, por alrededor de 1.300 millones de dólares después de dejar el cargo. El funcionario agregó que las cuentas de Peña Nieto y las de las empresas no han sido congeladas.
Ante el proceso emprendido por la UIF, Peña Nieto aseguró que aclarará los señalamientos que hay en su contra y manifestó en su cuenta de Twitter que confía en las autoridades mexicanas.
«Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales”, dijo el jueves expresidente al reaparecer en las redes sociales.
Peña Nieto se mudó a España después de dejar el cargo y no se ha pronunciado públicamente sobre una serie de señalamientos.
Emilio Lozoya, director de la empresa petrolera estatal durante el gobierno de Peña Nieto, afirmó que éste y su mano derecha, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron sobornar a legisladores, incluidos cinco senadores, para apoyar una controvertida reforma energética y otros proyectos estructurales en 2013 y 2014.
Videgaray niega las acusaciones. Ninguno de los dos enfrenta cargos en ese caso.
El hecho de no haber podido condenar a ningún alto funcionario de un gobierno anterior ha sido un bochorno para López Obrador, como lo ha sido que el fiscal general Alejandro Gertz Manero no pudiera armar una acusación sobre la base de las denuncias de Lozoya.
La actitud de no tocar a Peña Nieto ha alentado las conjeturas de que López Obrador llegó a un acuerdo de caballeros con el expresidente en 2018. Peña Nieto supuestamente obtuvo una promesa de impunidad a cambio de reconocer rápidamente el triunfo de López Obrador en la elección presidencial y darle un poder inusual durante la transición.
López Obrador se ha limitado a decir que la venganza no es su fuerte y que México debe volver la vista al futuro, no al pasado.
El año pasado, se realizó por iniciativa de López Obrador un referendo nacional sobre si se debe juzgar a presidentes anteriores acusados de delitos. No alcanzó el 40% de la participación para que fuera vinculante y los detractores señalaron que el gobierno no necesitaba la bendición del público parta juzgar a personas acusadas de crímenes.
